Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas
- El Departamento de Estado tenía conocimiento previo del golpe.
- El Departamento de Estado y el Congreso
de Estados Unidos financiaron y asesoraron a los actores y organizaciones
hondureñas que participaron en el golpe.
- El Pentágono entrenó, capacitó,
financió y armó al ejército hondureño que perpetró el golpe y sigue
reprimiendo al pueblo de Honduras.
- La presencia militar estadounidense en
Honduras, que ocupa la base militar de Soto Cano (Palmerola), autorizó el
golpe de Estado con su complicidad tácita y la negativa a retirar su apoyo
a los militares hondureños.
- El embajador de Estados Unidos en
Tegucigalpa, Hugo Llorens, coordinó la expulsión del poder del presidente
Manuel Zelaya, junto con el subsecretario de Estado Thomas Shannon y John
Negroponte, quien trabaja actualmente como asesor de la Secretaria de
Estado Hillary Clinton.
- Desde el primer día del golpe, el
gobierno de Washington ha hablado de las “dos partes” involucradas y la
necesidad de un “diálogo” para restituir el orden constitucional,
legitimando de esta forma a los golpistas.
- El Departamento de Estado se ha negado
a calificar legalmente los sucesos de Honduras como un “golpe de Estado”,
no ha suspendido ni congelado su apoyo financiero y el comercio con el
país, ni ha tomado medidas para presionar eficazmente al gobierno de
facto.
- Washington manipuló a la Organización
de Estados Americanos para alargar el tiempo de debate sobre lo que había
que hacer y así no apoyar el regreso inmediato del presidente Zelaya al
poder, como parte de una estrategia que sigue en pie y simplemente busca
legitimar al gobierno de facto y desgastar al pueblo hondureño que todavía
se resiste al golpe.
- La Secretaria de Estado Clinton y sus
voceros dejaron de hablar del regreso del presidente Zelaya al poder luego
de la designación de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, como
“mediador”, y ahora califican al dictador que asumió el poder ilegalmente
durante el golpe, Roberto Micheletti, como “presidente interino”.
- La estrategia de “negociar” con los
golpistas fue impuesta por el gobierno de Obama como una manera de
desacreditar al presidente Zelaya –culpándolo por los hechos que
provocaron el golpe– y legitimando a los golpistas.
- Congresistas estadounidenses
–demócratas y republicanos– organizaron una visita de unos representantes
de los golpistas de Honduras a Washington, a los que recibieron con
honores en diferentes instituciones de la capital estadounidense.
- A pesar de que fue el senador
republicano John McCain quien coordinó la visita de los golpistas a
Washington a través de un bufete de lobby, The Cormac Group, actualmente
es el abogado de Bill Clinton y amigo cercano de Hillary, Lanny Davis, a
quien se ha contratado como “lobbista” para lograr la aceptación pública
de Washington del gobierno de facto en Honduras.
- Otto Reich y el venezolano Robert
Carmona-Borjas, quien fue abogado del dictador Pedro Carmona durante el
golpe de Estado de Venezuela en Abril de 2002, ayudaron desde Washington a
preparar el escenario para el golpe contra el presidente Zelaya en
Honduras.
- El equipo de diseño del golpe de Estado
en Honduras designado por Washington también incluía a un grupo de
embajadores de Estados Unidos recientemente nombrados en Centroamérica,
expertos en la desestabilización de la revolución cubana, y a Adolfo
Franco, ex encargado del programa de Cuba de la USAID.
Nadie duda de la
implicación de Washington en el golpe de Estado de Honduras contra el
presidente Manuel Zelaya que comenzó el pasado 28 de junio. Muchos analistas,
dirigentes, e incluso presidentes, lo han denunciado. Sin embargo, la mayoría
coinciden en disculpar a la administración de Barack Obama de algún papel en el
golpe hondureño, haciendo responsables en su lugar a los rasgos del gobierno de
George W. Bush y a los halcones que todavía andan por los pasillos de la Casa
Blanca. La evidencia demuestra que sí, que es cierto que los halcones y los
protagonistas de siempre de los golpes y sabotajes en América Latina también
han participado esta vez, y además existen amplias pruebas que señalan el papel
del gobierno de Obama.
El Departamento
de Estado
La nueva diplomacia
estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel
principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras. Los voceros
del Departamento de Estado, admitieron en una rueda de prensa el 1 de julio,
que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los
sectores que lo planificaban para buscar “otra solución”. También admitieron
que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de
Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James
Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener
reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Dicen que
su propósito era “frenar” el golpe, sin embargo su presión verbal no concuerda
con su respaldo a los sectores golpistas.
Después del golpe,
la Secretaria de Estado Hillary Clinton publicó una declaración, el domingo 28
de junio, que no reconocía los sucesos como un “golpe” y tampoco exigía la
restitución del presidente Zelaya en el poder. Adicionalmente, siempre hacía
referencia a “las dos partes” del conflicto, legitimando a los golpistas y
haciendo responsable públicamente al presidente Zelaya desde el primer día: “La
acción contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola los principios de la
Carta Democrática de la OEA y debe ser condenado. Llamamos a todas las
partes en Honduras a que respeten el orden
constitucional y el Estado de derecho, que reafirmen su vocación democrática y
se comprometan a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través
del diálogo. Honduras debe abrazar a los mismos
principios de la democracia que ratificamos hace un mes en la reunión de la OEA
celebrada en ese país.”
Y
desde entonces, a pesar de diversas referencias al “golpe” de Honduras, el
Departamento de Estado se negaba a calificarlo de golpe de Estado, lo que le
obligaría a suspender toda clase de apoyo económico, diplomático y militar al
país. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado lo explicaron de
esta manera: “En referencia al propio golpe, lo mejor
sería decir que fue un esfuerzo coordinado entre los militares y algunos
actores civiles. Obviamente, los militares fueron
quienes condujeron la remoción forzada del presidente y han actuado para
asegurar el orden público durante este proceso. Pero para que el golpe sea más
que una insurrección o una rebelión, hay que ver una transferencia del poder a
los militares. Y en ese sentido el Congreso –la decisión del Congreso de
juramentar a su presidente Micheletti, como presidente de Honduras, indica que
el Congreso y miembros claves de éste han desempeñado un papel importante en
esta situación.”
Esta posición
ambigua, que condena los sucesos de Honduras como una ruptura del orden
constitucional pero no llega a calificarlo como golpe de Estado ni exige la
restitución del presidente Zelaya, se ratificó luego de la reunión que sostuvo
la Secretaria de Estado Hillary Clinton con el presidente Zelaya el 7 de julio:
“Acabo de celebrar una reunión productiva con el
presidente Zelaya. Discutimos los sucesos de los últimos nueve días y el camino
a seguir. Le reiteré que Estados Unidos apoya la restitución del orden
constitucional en Honduras. Seguimos
apoyando los esfuerzos regionales a través de la OEA para lograr una resolución
pacífica según las normas de la Carta Democrática. Llamamos a todas las
partes a no cometer actos de violencia
y a buscar una solución pacífica, constitucional y estable a las serias
divisiones en Honduras, por medio del diálogo. Para ese fin, hemos trabajado
con nuestros socios en el hemisferio para establecer una negociación, un diálogo que podría desembocar en una resolución
pacífica de esta situación.”
Ya
estaba claro, después de esa reunión, que Washington no iba a seguir abogando
por el regreso del presidente Zelaya al poder, sino que buscaba “una
negociación” con los golpistas que, al final, favoreciera los intereses
estadounidenses. Fuentes cercanas a la Organización de Estados Americanos (OEA)
afirman que una alta delegación estadounidense presente en la reunión del 4 de
julio en la sede del organismo multilateral intensificó la presión hacia otros
Estados para que aceptaran una salida “negociada” que no implicase
necesariamente la restitución de Zelaya como presidente de Honduras.
Esta
manera de desviar el tema, manipular el asunto y aparecer asumiendo una
posición cuando en realidad las actuaciones demuestran lo contrario, forma
parte de la nueva doctrina de Obama denominada “smart power” (poder inteligente),
que pretende lograr los objetivos imperiales sin satanizar al gobierno de
Washington. “Smart Power” es “la capacidad de combinar el ‘poder duro’ con el
‘poder suave’ para lograr una
estrategia victoriosa. El ‘Smart Power’ utiliza estratégicamente la diplomacia,
la persuasión, la construcción de capacidades, la proyección del poder militar,
económico y político y la influencia imperial, de manera efectiva, con una
legitimidad política y social.” Esencialmente, es una mezcla de la fuerza
militar con todas las formas de la diplomacia, con énfasis en el uso de la
“promoción de la democracia” como táctica para influir en el destino de los
pueblos, en vez de perpetrar una invasión militar.
El
embajador
El periodista Jean-Guy Allard ha revelado los orígenes del
actual embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. Según Allard,
Hugo Llorens, un cubano de nacimiento que llegó a Estados Unidos como parte de
la Operación Peter Pan, es “especialista en terrorismo… La Casa Blanca de
George W. Bush captó al astuto Llorens en 2002, nada menos que como Director de
asuntos andinos del Consejo Nacional de Seguridad de Washington D.C., lo que lo
convirtió en el principal asesor del presidente sobre Venezuela. El golpe de
Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez se produjo mientras Llorens se
encontraba bajo la autoridad del subsecretario de Estado para Asuntos
hemisféricos, Otto Reich, y del muy controvertido Elliot Abrams. En julio de
2008, Llorens fue nombrado embajador en Honduras.”
El pasado 4 de junio, el embajador Llorens declaró a la
prensa hondureña que “...Uno no puede violar la
Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución
vive la ley de la jungla.” Esas declaraciones se emitieron en referencia a la
encuesta popular sobre la convocatoria de una posible asamblea constituyente,
que debería haber tenido lugar el 28 de junio si no hubiera ocurrido el golpe
de Estado contra el presidente Zelaya. Los comentarios de Llorens no sólo ponen
en evidencia su posición contra la encuesta, sino, además, su total injerencia
en los asuntos internos de Honduras.
Pero Llorens
no estaba solo en la región. Luego de su nombramiento como embajador en
Honduras –cargo que obviamente se le asignó debido a la necesidad de
neutralizar la creciente presencia de gobiernos izquierdistas en la región y la
potencia regional del ALBA–, se nombraron varios embajadores más de Washington
en los países vecinos, todos expertos en la desestabilización de la revolución
cubana y operaciones psicológicas.
Primero
llegó el diplomático Robert Blau a la embajada de Estados Unidos de El
Salvador, el 2 de julio de 2008, como el segundo de la diplomacia
estadounidense. En enero de este año, Blau asumió la embajada como encargado de
negocios. Antes de su envío a El Salvador, Blau fue subdirector de Asuntos
Cubanos del Departamento de Estado, luego de haber estado dos años en la
Sección de Intereses de Washington en La Habana como asesor político. Fue tan
eficiente en su trabajo en Cuba con la disidencia, que el Departamento de
Estado le concedió el Premio James Clement Dunn a la Excelencia, debido a su
labor con la oposición contrarrevolucionaria en Cuba. Llorens y Blau eran
viejos amigos, luego de trabajar juntos en el equipo de Otto Reich en el
Departamento de Estado.
Después fue
nombrado Stephen McFarland como embajador de Estados Unidos en Guatemala, el 5
de agosto de 2008. McFarland, graduado de la Universidad de Guerra de Estados
Unidos y ex miembro del equipo de combate número dos de los marines en Iraq,
era el segundo en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela bajo William
Brownfield, quien incrementó de manera alarmante el apoyo financiero y político
a la oposición contra Chávez. Luego, McFarland estuvo en la embajada de Estados
Unidos en Paraguay, apoyando la construcción de la base militar del Pentágono
en ese país. McFarland también fue director de Asuntos Cubanos en el
Departamento de Estado y su perfil lo destaca como un experto “en transiciones
democráticas, derechos humanos y seguridad.”
El embajador
Robert Callahan llegó a Managua, Nicaragua, también a principios de agosto. Ha
trabajado en las embajadas en La Paz, Bolivia, y San José, Costa Rica, y ha
sido profesor en la Universidad Nacional de Guerra de Estados Unidos. En 2004
fue enviado a Iraq como agregado de prensa de la embajada en Bagdad. A su
regreso, estableció la oficina de prensa y propaganda de la recién creada
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Washington, que en la actualidad es
el órgano más poderoso de la inteligencia estadounidense.
Juntos,
estos embajadores –expertos en golpes de Estado, desestabilización y
propaganda– han preparado el terreno para el golpe contra el presidente Zelaya
en Honduras.
Financiamiento
a los golpistas
Justo en el mes
anterior del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre
diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos,
la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada “la unión cívica
democrática”. Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir
que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiría al pueblo
alzar su voz y participar en su proceso político.
La “unión cívica
democrática” de Honduras esta compuesta por organizaciones como el Consejo
Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de
Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras
(FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y
Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.
La mayoría de estas
organizaciones han sido beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que
anualmente invierten la USAID y la NED en el “desarrollo democrático” en
Honduras. De hecho, un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo
con COHEP, destaca que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a
asegurar la credibilidad de COHEP como una organización hondureña y no un brazo
de la USAID.”
Los voceros de la
unión cívica democrática de Honduras en representación, según ellos, de la
“sociedad civil”, declararon a la prensa hondureña el 23 de junio –cinco días
antes del golpe contra el presidente Zelaya– que “confían en que las fuerzas
armadas cumplirán con su deber de defender la Constitución, el Estado de
Derecho, la paz y la democracia.” Cuando sucedió el golpe, el día 28 de junio,
fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado, sino
que habían “rescatado su democracia” de las manos del presidente Zelaya, cuyo
crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y participación. También en
representación de los sectores de clase media y alta, la unión cívica
democrática ha calificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya de
“turbas”.
El Instituto
Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for
Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con
los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se ha dedicado a apoyar los
“centros de pensamiento” y “grupos de presión” en Honduras, para influir en los
partidos políticos y “apoyará iniciativas para implementar posiciones políticas
durante las campañas de 2009.” Ésta es una clara intervención en la política
interna de Honduras y evidencia del financiamiento de la NED a los sectores
golpistas del país.
El lobby
de Washington
El senador
republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó
coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington durante
la semana pasada. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela,
Bolivia y otros países de la región considerados “anti imperialistas” y por sus
estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del
Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de
Honduras. McCain ofreció los servicios de su empresa de lobby, The Cormac
Group, que organizó una rueda de prensa de los golpistas en el National Press
Club el 7 de junio.
Pero más
allá de la conexión republicana con los golpistas hondureños, hay un vínculo
más comprometedor con la actual administración demócrata de Barack Obama. El
abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de
Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas
y convencer a los poderes de Washington de que deben aceptar y reconocer al
gobierno de facto de Honduras. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill
Clinton cuando estaba en la Casa Blanca, y es un conocido amigo y asesor de la
actual Secretaria de Estado Hillary Clinton. Davis está organizando una
ofensiva diplomática y mediática a favor de los golpistas, incluida la compra
de publicidad en periódicos estadounidenses, y organizando reuniones entre los
representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios
del gobierno de Estados Unidos. CEAL esta compuesto por los empresarios
latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos
populares en la región. Por ejemplo, el actual representante de Venezuela en el
CEAL es Marcel Granier, presidente de RCTV, la cadena de televisión que
promovió e intentó legitimar el golpe de Estado contra el presidente Chávez.
Como parte
de este esfuerzo, lograron una audiencia especial ante el Comité de Relaciones
Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de congresistas
demócratas y republicanos, y los testimonios de personajes promotores del golpe,
como Michael Shifter del Diálogo Interamericano de Washington, Guillermo
Pérez-Cadalso, ex Canciller y Magistrado de la Corte Suprema de Honduras, y el
famoso Otto Reich, cubano-americano conocido por su papel en la mayoría de las
actividades de desestabilización contra gobiernos izquierdistas en América
Latina desde los años ochenta. Como resultado de este encuentro, el Congreso de
Estados Unidos está promoviendo una resolución que reconozca como legítimo al
gobierno de facto de Honduras.
Otro resultado
del lobby de Lanny Davis fue la reunión convocada en el Consejo de las Américas
el 9 de junio, en donde participó Jim Swigert, director de los programas de
América Latina y el Caribe para el Instituto Demócrata Nacional (NDI), que
recibe su financiamiento de la NED, Cris Arcos, antiguo embajador de Estados
Unidos en Honduras y Adolfo Franco, ex administrador de la USAID para América
Latina y el Caribe y encargado del programa de “transición” en Cuba. Estos tres
personajes han trabajado como asesores del gobierno de Obama frente a la crisis
en Honduras. Franco, quien también fue asesor de política exterior para el
senador John McCain durante su campaña presidencial en 2008, ha sido acusado de
corrupción por su mal manejo de los fondos de la USAID para el programa de
“promoción de la democracia” en Cuba, gran parte de los cuales se dieron a
grupos de Miami, como el Comité para una Cuba Libre y el Instituto para
Estudios Cubanos en Miami, sin pasar por ningún proceso transparente de
revisión.
Negroponte
y Reich, de nuevo
Muchos han
especulado sobre el papel del antiguo embajador de Estados Unidos en Honduras,
John Negroponte, quien dirigió la fuerza paramilitar denominada “la contra” y
los escuadrones de muerte contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica
durante los años ochenta. Negroponte tuvo varios cargos durante la
administración de George W. Bush: embajador de Estados Unidos en Iraq,
embajador ante las Naciones Unidas, director nacional de Inteligencia y, por
último, subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice. A su salida del
Departamento de Estado, Negroponte pasó al sector privado. Le ofrecieron un
trabajo como vicepresidente de la firma consultora más influyente de
Washington, McLarty Associates. Negroponte aceptó. McLarty Associates fue fundada
por Thomas “Mack” McLarty, ex jefe de gabinete del presidente Bill Clinton y
enviado especial a América Latina durante su presidencia. Actualmente, McLarty
maneja la consultora más poderosa de Washington. Hasta el año 2008, McLarty
Associates se llamaba Kissinger-McLarty Associates debido a la unión entre
Thomas McLarty y Henry Kissinger, que evidencia la unión política entre los
sectores demócratas y republicanos en Washington.
En su nuevo
cargo, John Negroponte trabaja como asesor sobre política exterior del
Departamento de Estado bajo Hillary Clinton. Recordemos que el embajador
estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, trabajaba bajo el comando de
Negroponte durante la mayoría de su gestión.
Otto Reich lleva unos años trabajando
en una campaña contra el presidente Zelaya. Fue demandado por Zelaya en abril
2009 por haberlo acusado públicamente de robar 100 millones de dólares de la
empresa estatal de telecomunicaciones, Hondutel. Resulta que Reich hacía lobby para una empresa privada de
telecomunicaciones que quería privatizar Hondutel. Ahora, con Zelaya destituido
y un empresario en el poder, lo más probable es que Reich consiga su negocio
multimillonario.
Reich fundó una organización en
Washington, llamada Arcadia Foundation junto a un venezolano, Robert Carmona-Borjas,
abogado especialista en temas militares, vinculado al golpe de abril de 2002 en
Venezuela, según su propio perfil. Robert Carmona-Borjas supuestamente estuvo
en Miraflores con Pedro Carmona durante el golpe de abril de 2002 y escapó,
junto a Carmona, del palacio cuando fue tomado por la guardia de honor
presidencial. Desde entonces vive en Washington, DC. Desde el año pasado, Reich
y Carmona-Borjas han llevado una campaña contra Zelaya por asuntos de
corrupción, con una serie de micros que hablan de corrupción, libertad de
expresión y cambio en Honduras.
Carmona-Borjas ha viajado con frecuencia a Honduras durante los
últimos meses, incluso hablando de golpe de Estado “técnico” junto con otros
actores, como el defensor del pueblo hondureño, Ramón Custodia, quien declaró a
comienzos de junio que “Los golpes son una
posibilidad que puede ocurrir en cualquier escenario político”. Luego del golpe, el 3 de julio, Robert Carmona-Borjas apareció en Honduras en la concentración de los
golpistas en Tegucigalpa, y fue reconocido como un actor importante que hizo
posible la salida de Zelaya y la llegada al poder de Micheletti.
El poder militar
Estados Unidos
mantiene una presencia militar muy grande en la base de Soto Cano (Palmerola),
ubicada a 97 kilómetros de la capital, que ha estado operativa constantemente
desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos
durante la administración de Ronald Reagan.
En los años
ochenta, Soto Cano se utilizó por el coronel estadounidense Oliver North, como
una base de operaciones para la “Contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas
y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de
ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente
contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “Contra”
lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales
que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados,
lisiados y aterrorizados en Centroamérica.
John Negroponte,
entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, junto a Oliver North y Otto
Reich, dirigían estas operaciones sucias.
La base de Soto
Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos,
compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad
conjuntas y el primer batallón-regimiento Número 228 de la aviación
estadounidense. Son 600 personas en total y 18 aviones de combate, incluidos
helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de
la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y
estadounidenses viven en las instalaciones de la base.
La Constitución de
Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un
acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y
estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base,
en un acuerdo “semipermanente”. El acuerdo se realizó en 1954 como parte de la
ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. La base primero fue
utilizada por la CIA para lanzar el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala.
Cada año,
Washington autoriza cientos de millones de dólares en ayuda militar y económica
a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que
permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede
retirarse sin aviso.
El 31 de mayo de
2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará
para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se
financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
Los dos generales
con mayor participación en el golpe contra Zelaya son graduados de la Escuela
de las Américas y mantienen lazos estrechos con los militares estadounidenses
en Honduras. El comandante de la Aviación de Honduras, general Luis Javier
Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en
1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por
el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor
principal en el golpe militar sólo días después, también es graduado de la
Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen
relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares
estadounidenses en Soto Cano.
El embajador de
Estados Unidos en Honduras que cambió en septiembre 2008, Charles Ford, fue
transferido al Comando Sur en Miami para encargarse de la asesoría para el
Pentágono sobre América Latina.
De esta base, salió
el avión que llevó al Presidente Zelaya a su exilio forzado durante el golpe de
estado, con la autorización y participación de los militares estadounidenses.
Los militares hondureños
están financiados, entrenados, adoctrinados y comandados por el ejército
estadounidense sobre la base de la doctrina anti izquierdista y anti
socialista. Por eso era tan fácil
actuar contra el presidente Zelaya, su comandante en jefe, porque lo veían como
parte de la “amenaza izquierdista”, contra la que llevan combatiendo desde hace
decenios.