Funcionario de una empresa
fachada de la CIA que financia la desestabilización en Venezuela fue detenido
en Cuba mientras repartía recursos a la contrarrevolución
Un artículo publicado el sábado 12 de diciembre de
2009 en el New York Times reveló
que un contratista del gobierno de Estados Unidos fue detenido en la Habana el
5 de diciembre pasado mientras repartía teléfonos celulares, computadoras y
otros equipos de comunicación a grupos de la contrarrevolución. El funcionario, cuyo nombre aún no se
ha hecho público, trabaja para la empresa estadounidense Development
Alternatives, Inc. (DAI), uno de los grandes contratistas del Departamento de
Estado, el Pentágono y la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados
Unidos (USAID).
El año pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó
40 millones de dólares para “promover la transición a la democracia” en Cuba.
DAI fue otorgado el contrato principal, el “Programa de Democracia en Cuba y
Planificación de Contigencia”, que además autorizaba el empleo de
subcontratistas supervisados por la empresa DAI. El uso de una cadena de
organismos es un mecanismo que emplea la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
para canalizar y filtrar fondos y apoyo político y estratégico a grupos y
personas que promueven su agenda en el exterior.
DAI EN VENEZUELA
DAI fue contratado en junio 2002 por la USAID para
manejar un contrato multimillonario en Venezuela, justamente dos meses después
del fracaso del golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez. Previo a esa
fecha, la USAID no operaba en Venezuela, ni mantenía oficinas en el país. DAI
fue encargado de abrir la Oficina para las Iniciativas hacia una Transición
(OTI, por sus siglas en inglés), un brazo especializado de la USAID encargado
de distribuir fondos multimillonarios a organizaciones favorables a los
intereses de Washington en países estratégicamente importantes que transitan
por una crisis política.
El primer contrato entre la USAID y la DAI para sus operaciones
en Venezuela autorizaba el uso de 10 millones de dólares por un periódo de dos
años. DAI abrió sus puertas en el sector financiero de Caracas, El Rosal, en
agosto de 2002, y comenzó inmediatamente a financiar los grupos que apenás hace
meses habían ejecutado – sin éxito – el golpe de Estado contra el Presidente
Chávez. Los fondos de la USAID/DAI en Venezuela fueron repartidos durante ese
primer año a organizaciones como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores
Venezolanos (CTV), dos de los principales grupos que ejecutaron el golpe en
abril 2002 y que luego encabezaron un sabotaje económico, paro petrolero y
guerra mediática con el propósito de derrocar al gobierno venezolano. Un
contrato entre la DAI y éstas organizaciones, de fecha diciembre 2002, otorgaba
más de 10 mil dólares para el diseño de propaganda en radio y televisión a
favor de la Coordinadora Democrática, la coalición de las fuerzas opositoras
contra el Presidente Chávez.
En febrero 2003, la DAI comenzó a financiar a un
grupo recién creado de nombre Súmate, liderada por Maria Corina Machado, quien
fue una de las firmantes del “Decreto Carmona”, el famoso decreto que disolvió
todas las instituciones democráticas de Venezuela – desde la Asamblea Nacional,
el poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras – durante el
golpe de Estado de abril 2002. Súmate luego se convertió en el principal
organismo de la oposición que diseñaba y coordinaba las campañas electorales,
incluyendo el referendo revocatorio contra el Presidente Chávez en agosto 2004.
Los tres principales organismos de Washington que operaban en Venezuela en
aquel momento, la USAID, DAI y el National Endowment for Democracy (“NED”),
invertieron más de 9 millones de dólares en la campaña de la oposición durante
ese referéndo, sin éxito.
La USAID en Venezuela, que aún mantiene su principal
presencia a través de la OTI y la DAI, tenía previsto una estadía de no más de
dos años en el país. El entonces jefe de la OTI en Venezuela, Ronald Ulrich,
afirmó públicamente al comenzar sus labores en agosto 2002 que “Este programa
se habrá terminado en dos años, como ha sucedido con iniciativas similares en
otros países; la oficina se cerrará transcurrido ese periódo de tiempo”.
Técnicamente, las OTI son equipos de respuesta rápida de la USAID, equipados
con fondos líquidos de altas cantidades y un personel especializado para
“resolver una crísis” de manera favorable a Washington. En el documento
mediante el cual se estableció la operación de la OTI en Venezuela, se explicaba
claramente los objetivos, “En los últimos meses, su popularidad ha decrecido y
las tensiones políticas se han incrementado dramáticamente, ya que el
presidente Chávez ha puesto en práctica varias reformas controvertidas…La
situación actual apunta fuertemente a una participación rápida del gobierno de
Estados Unidos…”
Hasta la fecha, la OTI aún permanence en Venezuela,
con la DAI como su principal contratista, pero ahora con cuatro entidades más
que comparten la torta multimillonaria de la USAID en Caracas: el Instituto
Republicano Internacional (IRI), el Instituto Demócrata Nacional (NDI), Freedom
House, y la PanAmerican Development Foundation (PADF). De los 64 grupos que
financiaban en el 2004 con 5 millones de dólares anuales, hoy financian más de 533
organizaciones, partidos políticas, programas y proyectos de la oposición con
un presupuesto por encima de los 7 millones de dólares anuales. Su presencia no
solamente ha permanencido en el país, también ha crecido. Obviamente esto se
debe a una razón muy sencilla: aún no han logrado su objetivo original, que es
derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
DEVELOPMENT ALTERNATIVES INC. ES UNA FACHADA DE LA
CIA
Ahora aparece en Cuba este organismo de la
desestabilización, con fondos multimillonarios destinados a la destrucción de
la Revolución Cubana. El antiguo funcionario de la CIA, Phillip Agee, afirmó
que la DAI, tanto como la USAID y la NED, “Son instrumentos de la embajada de
Estados Unidos y detrás de esas tres organizaciones está la CIA”. De hecho, el
contrato de la USAID con la DAI en Venezuela decía específicamente que “El
representante local mantendrá una estrecha colaboración con los funcionarios de
la embajada para identificar oportunidades, seleccionar colaboradores y
garantizar que el programa mantenga su coherencia con la política exterior de
Estados Unidos.” No deja duda sobre su trabajo de captación de agentes al
servicio de los intereses de Washington, ni que su presencia y sus actividades
son directamente coordinadas por la embajada de Washington.
La detención del funcionario de la DAI es un paso muy
importante para frenar las acciones de desestabilización dentro de Cuba,
dirigidas por Washington. También comprueba que no hay cambio ninguno con la
administración de Barack Obama en cuanto a la política de Washington contra
Cuba – siguen empleando y utilizando las mismas tácticas de espionaje,
infiltración y subversión como en los años anteriores.
VENEZUELA TAMBIÉN DEBE EXPULSAR LA DAI DEL PAÍS
Ahora que Cuba se ha puesto al descubierto el trabajo
de inteligencia (captación de agentes, infiltración en los grupos políticos y
entrega de recursos para promover la desestabilización – son actividades de
inteligencia) que realizaba la DAI en la isla caribeña, el gobierno de
Venezuela debe responder de manera contundente para sacudir de su país esta
grave amenaza interna, que durante siete años y media ha alimentado con más de
50 millones de dólares a la desestabilización y la oposición interna.
No es por más comentar que en Estados Unidos hay
cinco ciudadanos cubanos presos por supuestos actos de espionaje, aunque sus
acciones no atentaban contra los intereses estadounidenses. Al contrario, el
funcionario detenido de la DAI – una fachada de la CIA – sí estaba atentando
contra los intereses de Cuba, promoviendo la desestabilización interna y
repartiendo – de forma ilegal – materiales y recursos de Washington que estaban
destinados a alimentar un conflicto que provocaría “una transición política”
favorable a la agenda de Estados Unidos.
Development Alternatives, Inc. es uno de los
contratistas de Washington más grandes del mundo. Actualmente tiene un contrato
de 50 millones de dólares en Afganistán. En América Latina, opera en Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. (Eva Golinger)